En los últimos días, en la Casa Rosada tomó fuerza la posibilidad de esperar hasta una nueva revisión de la planta oficial en septiembre para definir si se desvincula o no a un grupo de trabajadores. “No tengo más gente para echar en mi área”, dijo un integrante del Gabinete.
En el Gobierno hay dudas sobre los despidos de los 72.000 estatales que anunció públicamente Javier Milei a fines de marzo. El Ejecutivo ya dio de baja 23.000 contratos y más de un ministro sostiene que “no hay más margen para recortar”.
“El problema no es la cantidad de personas en la función pública, sino las atribuciones que tienen sobre la vida de la gente. Lo que queremos impulsar es que dejen de regular actividades”, dijo un funcionario cercano al presidente.
En Balcarce 50 hay diferencias sobre la decisión de reducir los puestos de los 49.000 trabajadores restantes y tomó fuerza la posibilidad de no eliminar el total de contratos. “No tengo más gente para echar en mi área y los que más trabajan son los contratados”, dijo un integrante del Gabinete.
Es por eso que el Gobierno solo discontinuó alrededor de 5000 contratos que vencieron en junio, más allá de que el sector más ortodoxo de Nación quería avanzar sobre un número mayor. El resto tendrá una nueva revisión en septiembre.
Se trata de contratos de los ministerios, secretarías y organismos descentralizados que tienen una revisión trimestral. La Casa Rosada define un porcentaje de reducción para todas las áreas y los titulares pasan la lista de desplazados previo a su vencimiento.
No renovaron 7000 en diciembre e impulsaron una reducción de 15.000 trabajadores en marzo. Esto incrementó la puja con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que llevó a cabo medidas de fuerza dentro de Balcarce 50 contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los contratados estatales están ahora bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Se quedó con la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público -que preside María Reggi- que dependía de la jefatura de Gabinete.
El exministro coordinador Nicolás Posse fue el encargado de liderar el proceso de reducción estatal previo a su salida del Ejecutivo. Lo reemplazó el exministro del Interior Guillermo Francos, que prefirió no quedarse con la dependencia.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio de baja más de 5000 contratos y el titular de Economía, Luis Caputo, discontinuó a alrededor de 3300 trabajadores estatales bajo la gestión de Posse. Francos despidió a 574 trabajadores en los primeros seis meses de gobierno.
En el Gabinete hay dudas sobre la dirección que tomará Sturzenegger, que ya anunció un plan de examen de ingreso anónimo para los futuros trabajadores del sector público y está trabajando en un decreto para eliminar 60 organismos.
Es por eso que el Gobierno incluyó en la Ley Bases un marco normativo para los trabajadores de organismos sujetos a eliminación o unificación. El artículo 52 establece que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y se contempla una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio en caso de ser desplazados.
Esta reducción de empleados no contempla el número de contratados, sino que aplica a los trabajadores de planta permanente. En Balcarce 50 aseguran también que intentarán llegar al número de bajas estatales propuesto por Milei a través de la privatización de las empresas públicas.
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