Un amplio rechazo de amplios sectores políticos, sociales, empresarios y sindicales, junto con movilizaciones ciudadanas en distintos puntos del país, fueron las inmediatas respuestas registradas tras el discurso por cadena nacional en el que el presidente Javier Milei sintetizó el contenido del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) diseñado a medida de las grandes corporaciones privadas y mediante el cual se disponen modificaciones regresivas que recaen básicamente sobre trabajadoras, trabajadores y compañías locales, especialmente pymes.
Claro que no todas fueron manifestaciones contrarias a los cambios de reglas propuestos desde la Casa Rosada. Hubo también respaldos entusiastas: de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre otras entidades. A ellos se sumó el expresidente Mauricio Macri y una porción significativa del PRO.
Elegidos
Acaso esa disparidad de opiniones refleje de modo transparente cuáles fueron los segmentos elegidos para beneficiarse y cuáles los perjudicados, detrás de la maraña de derogaciones de leyes y normas que en muchos casos protegen conquistas históricas o preservan áreas clave vinculadas con el patrimonio estatal y el ejercicio de la soberanía nacional.
La mayoría de los pronunciamientos contrarios al DNU apuntan a su carácter anticonstitucional y antirrepublicano. Tales expresiones se reiteran en gran parte de la esfera política, mientras en el Congreso está en proceso de gestación una oposición amplia al DNU presidencial.
Una síntesis de los cuestionamientos fue expuesta por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al sostener que «a espaldas de la división de poderes» se anunció un decreto que «sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo». Así, continuó, «se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos».
Advertencias similares fueron lanzadas por los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre otros.
Flexibilización
La reacción de trabajadoras y trabajadores frente al DNU, en tanto, se originó particularmente por los artículos que anticipan la flexibilización laboral, el límite al derecho de huelga, el recorte de las indemnizaciones por despido y su reemplazo por fondos de cese, la eliminación de multas y penalizaciones a empleadores que no registren la relación de trabajo y la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, entre otros empeoramientos de las condiciones laborales.
Entre los que repudiaron este y otros apartados del DNU (como el que crea las condiciones para privatizar empresas públicas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas) se incluyeron la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP, la Asociación Bancaria, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), por citar solo a algunas entidades.
Por otra parte, millones de asalariados, jubilados, profesionales, comerciantes y gran parte de las capas medias de la sociedad sufrirán pérdidas de su poder adquisitivo al suprimirse la Ley de Alquileres, permitir que las empresas de medicina prepaga fijen libremente las cuotas a sus asociados y derogarse las leyes de Abastecimiento y de Góndolas.
También se opusieron al DNU entidades como Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Hay que recordar que el decretazo de Milei promueve la derogación de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, una herramienta para canalizar el poder de compra del Estado, así como la de Promoción Industrial.
En definitiva, resulta difícil evitar la comparación de la coyuntura actual con la de otras experiencias neoliberales extremas, como las impulsadas por José Alfredo Martínez de Hoz a partir del golpe de 1976, y por Domingo Cavallo desde 1991. Ambas con desastrosos resultados: altos niveles de desempleo y pobreza, enajenación del patrimonio público, fuerte desnacionalización y concentración oligopólica, megaendeudamiento y profundización de la desigualdad social, a partir de la desmejora en la distribución de la riqueza y los ingresos.
Se actualiza en estos días el viejo debate entre los dos modelos de país y la ciudadanía es interpelada sobre el partido a tomar, de modo que las urgencias coyunturales no den paso a desequilibrios aún más profundos y a mayores inequidades.